Las explosivas declaraciones vertidas a LA GACETA por el ex titular del Sutrappa, José Abregú, quien dijo que desde la repartición se apañaba a los ilegales, convulsionaron los pasillos de la Municipalidad, en julio de 2011. Luego, concejales, taxistas y hasta el propio Departamento Ejecutivo aportaron a la Justicia un sinnúmero de pruebas sobre la existencia de presuntos taxis truchos. Pero, siete meses después, los denunciantes se quejan de que no hubo avances en la investigación en manos de la fiscala penal de la III Nominación, a cargo de Teresita Marnero.
Ayer, la concejala opositora de la capital Sandra Manzone le solicitó por escrito al ministro Fiscal de la Corte, Luis De Mitri, que ordene acelerar las pesquisas. La dirigente de la Coalición Cívica también dijo, además, que se le impide el acceso al expediente judicial. "A pesar de que transcurrieron más de seis meses de la interposición de mi denuncia, lamentablemente mi parte no puede conocer el estado de las actuaciones investigativas dispuestas, en tanto se me ha negado, en reiteradas oportunidades, el acceso al estado de la causa", cuestionó Manzone en el escrito.
La concejala afirmó que "si es necesario" se constituirá como querellante de la causa. "La causa está congelada y si la Justicia no me da otra opción, voy a constituirme como querellante. En su momento he presentado pruebas contundentes sobre la supuesta venta de licencias truchas desde el seno del Sutrappa y sobre la existencia de autos mellizos que circulan como taxis", señaló Manzone. En la presentación elevada a De Mitri, la opositora hizo visible su malestar. "Sólo se me ha informado de manera verbal que las actuaciones no tienen trámite y que se encuentran a la espera de la contestación de oficios no evacuados, lo cual genera una profunda preocupación frente al evidente desinterés en la investigación penal requerida", se quejó.
Desde el cuerpo de asesores legales de la capital informaron que, antes del inicio de la feria judicial, la Fiscalía III envió oficios al Sutrappa requiriendo informes de algunas licencias presuntamente irregulares. Esos documentos aún deben ser enviados a tribunales por el municipio.